Trump 2.0 y la redefinición del orden
hemisférico
El factor externo más determinante para América Latina en 2026 será la nueva política exterior de Estados Unidos bajo la segunda administración del presidente Donald Trump. La Estrategia de Seguridad Nacional adoptada en diciembre de 2025, junto con el llamado “Corolario Trump”, consagra un giro doctrinario de fondo: la actualización de la Doctrina Monroe bajo los principios de la denominada doctrina ‘Donroe’. En este marco, el hemisferio occidental deja de ser concebido como un espacio de asociación estratégica y pasa a ser definido, en palabras del propio Trump, como “nuestro hemisferio”, subordinado a los objetivos de America First.
Las acciones emprendidas contra el régimen de Nicolás Maduro –el ataque aéreo del 3 de enero, el despliegue naval, el bloqueo petrolero y la captura del propio Maduro y de Cilia Flores, con su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico– inauguran una fase inédita en la política hemisférica: la normalización de la intervención directa en abierta violación al Derecho Internacional como instrumento legítimo de política exterior. Más allá de la clara naturaleza autoritaria del régimen venezolano, el mensaje estratégico para la región es claro. Se debilitan los mecanismos multilaterales, se reducen los márgenes de autonomía regional y se consolida una lógica de poder susceptible de replicarse en otros escenarios de inestabilidad.
Desde la perspectiva del riesgo político, este giro doctrinario introduce un factor de inestabilidad sistémica. La intervención deja de ser una excepción y pasa a convertirse en una herramienta disponible al servicio de los intereses estratégicos de Estados Unidos. El control de los recursos energéticos y la administración indirecta de Venezuela mediante un gobierno funcional a Washington prevalecen sobre la prioridad de una restauración democrática plena. Venezuela se convierte así en el principal laboratorio geopolítico del hemisferio, con implicancias que trascienden lo nacional y se proyectan sobre toda la región. Una transición desordenada podría amplificar estos riesgos y transformar la crisis venezolana en un factor estructural de inestabilidad para América Latina.
El tablero global: China, Europa y el
realismo estratégico
En paralelo, China seguirá buscando maneras para profundizar su presencia económica en América Latina, especialmente en América del Sur, mediante inversiones, financiamiento y acuerdos comerciales en transición energética, infraestructura crítica, minerales estratégicos y tecnología digital. Pero un Estados Unidos más asertivo obligará a varios países –como ya se observa– a recalibrar su relación con Beijing, multiplicando los dilemas de alineamiento.
La Unión Europea, por su parte, busca preservar influencia con la entrada en vigor del Acuerdo UE-Mercosur. Más que un instrumento comercial, se trata de una apuesta geopolítica desde ambas regiones –pese a la tensión entre Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei– para no ceder espacio frente a Washington y Beijing.
En este contexto adquiere relevancia también la elección del nuevo secretario general de la ONU, con la expectativa de que la rotación regional favorezca a América Latina y, eventualmente, a una mujer latinoamericana, abriendo una ventana diplomática de alto valor estratégico.
En el plano económico, el FMI proyecta para 2026 un crecimiento global de 3,1 por ciento y regional de apenas 2,2 -2,4 por ciento, reflejo de persistentes debilidades en productividad, inversión e institucionalidad. La pobreza, la desigualdad y la informalidad seguirán elevadas, alimentando el malestar social. Sin embargo, según el más reciente informe de JP Morgan, la región podría estar ante un punto de inflexión estratégico: la transición energética, la revolución tecnológica y la reconfiguración de las cadenas globales de valor reposicionan a América Latina como proveedor clave de energía, alimentos y minerales críticos, así como destino atractivo para el nearshoring. Convertir ese potencial en desarrollo exigirá marcos regulatorios creíbles, mayor capacidad estatal y una visión estratégica de largo plazo.
Año electoral decisivo
La agenda electoral será intensa. Cuatro países –Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil– celebrarán elecciones generales, y no se descartan comicios en Haití si las condiciones de seguridad lo permiten. Estos procesos tendrán lugar en un entorno de bajo crecimiento, malestar social, fragmentación política, volatilidad, polarización y desafección ciudadana. Coexisten democracias resilientes, sistemas estancados, regímenes en deterioro y gobiernos abiertamente autoritarios.
Los resultados permitirán evaluar si se consolidan tendencias recientes: voto de castigo a los oficialismos, mayor alternancia, creciente fragmentación y si el giro a la derecha observado en los comicios de 2024 y 2025 continúa en 2026 o se detiene. Solo en Brasil el presidente Lula está habilitado para buscar la reelección inmediata; en Costa Rica, Perú y Colombia la prohibición constitucional abre disputas más abiertas. En la mayoría de los casos, la segunda vuelta aparece como el desenlace más probable.
Riesgos políticos
El ranking regional de riesgos para 2026 refleja un escenario particularmente exigente para América Latina, marcado por la convergencia de amenazas estructurales y tensiones geopolíticas.
El primer riesgo sigue siendo, por tercer año consecutivo, el avance del crimen organizado, la inseguridad y la captura del Estado, fenómeno que podría agravarse ante una transición inestable en Venezuela. El segundo es la normalización de la violencia política y el deterioro democrático, que debilitan el Estado de derecho y distorsionan la competencia política. El tercer riesgo lo constituye la vulnerabilidad fiscal, con altos niveles de endeudamiento y menor margen de maniobra para los gobiernos.
El cuarto es la migración forzada como presión estructural sobre la estabilidad política y social. El quinto riesgo es el cambio climático como multiplicador de conflictos económicos y territoriales. El sexto proviene del debilitamiento del orden internacional basado en reglas y del auge del unilateralismo. El séptimo riesgo es la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, que reduce los márgenes de autonomía regional.
El octavo es la escalada de tensiones hemisféricas ante una política estadounidense más asertiva y la debilidad de los mecanismos regionales. El noveno riesgo es la persistente fragmentación latinoamericana, que limita la capacidad de respuesta colectiva. Finalmente, el décimo es el rezago tecnológico –en particular en inteligencia artificial–, que amenaza la competitividad futura y refuerza nuevas dependencias estratégicas en un mundo de acelerada transformación.
Conclusión: la región,entre riesgo y oportunidad
América Latina llegará a 2026 en uno de los contextos más exigentes de las últimas décadas: segundo año decisivo del gobierno del presidente Trump con las elecciones de medio periodo de noviembre, redefinición acelerada del orden internacional, crecimiento mediocre, expansión del crimen organizado y el segundo tramo del superciclo electoral 2025-2027. La convergencia de estos factores no solo incrementa los riesgos, sino que reduce de manera tangible los márgenes de maniobra de los gobiernos.
Pero el escenario no es únicamente defensivo. Si la región logra fortalecer sus instituciones, mejorar la calidad de su gobernanza y actuar con mayor coordinación estratégica, podrá convertir la actual disrupción global en una oportunidad de reposicionamiento internacional. Como advierte el último informe de JP Morgan, los activos estructurales de América Latina ofrecen una base real para una nueva etapa de relevancia global.
La pregunta central es si América Latina actuará como sujeto político en el nuevo orden internacional que está configurándose o si seguirá siendo un territorio de disputa geopolítica de las grandes potencias
La verdadera disyuntiva no es si la región evitará los riesgos, sino si será capaz de gestionarlos con visión estratégica. Persistir en la fragmentación y el cortoplacismo significará una pérdida sostenida de autonomía e influencia. La pregunta central es si América Latina actuará como sujeto político en el nuevo orden internacional que está configurándose o si seguirá siendo un territorio de disputa geopolítica de las grandes potencias. De la respuesta a ese dilema dependerá que 2026 marque un punto de inflexión –o una nueva oportunidad desperdiciada– para la región. La responsabilidad de las élites es mayúscula.
(*) Investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) y coeditor del informe Riesgo Político. (**)Director del CEIUC y coeditor del informe Riesgo Político.
